La industrialización de Venezuela (1958-2012)

     En Venezuela, la industrialización es un fenómeno tardío en comparación con otros países de la región. Sus inicios se ubican en la década del cincuenta y sesenta del siglo pasado y los industriales han estado presentes en el proceso de desarrollo del país desde que, en 1958, se aprobó la Declaración de principios sobre política industrial −según la cual el gobierno apoyaría el proceso de industrialización del país− y desde enero de 1959, cuando se dictó el decreto número 512 Compre venezolano. En 1959, cuando se estableció el primer Programa de catastro industrial y la obligación a las industrias de registrarse ante la Dirección de Industrias del Ministerio de Fomento, Venezuela contaba con unas 7 mil 500 empresas1 . A principios de los años sesenta del siglo XX se promovieron en el país parques industriales; se desarrollaron urbanizaciones industriales como Los Cortijos, Los Ruices, Boleíta, La Yaguara, Carapa, Antímano, Cortada de Catia, Los Rosales y El Cementerio. En 1962 se emitió un decreto de desconcentración y se promovieron organismos regionales de planificación. Ya en 1966 estaban terminados proyectos de parques industriales en Cumaná, Barquisimeto, Coro, Maturín, Ciudad Bolívar y la tercera etapa del Parque Industrial de Valencia. Luego de Caracas, las zonas industriales se extendieron hacia Guarenas, La Victoria, Tejerías, La Encrucijada de Cagua, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo y Matanzas. En junio de 1973 se crea la única zona franca que todavía existe, la Industrial de Paraguaná, que a finales de los años setenta y ochenta, fue modelo de funcionamiento de zonas francas exitosas para muchos países y que hoy languidece. Fue una época en la que todos realizamos sacrificios para favorecer el desarrollo industrial: el Estado renunciaba a impuestos y destinaba grandes recursos para invertir en obras y servicios; empresarios e industriales invertían arriesgando capitales y generando fuentes de trabajo y los consumidores debían adquirir productos nacionales, conscientes de que en ocasiones eran más costosos y de menor calidad que los importados. Así, en la década del sesenta, a la par del desarrollo de las áreas industriales mencionadas se crean la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

En 1961 aparece  el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y la Comisión de la Pequeña y Mediana Industria. En otro orden de ideas, por iniciativa del empresariado y el Poder Legislativo, en agosto de 1959 se creó el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) para promover el tema de la educación para el trabajo. Esa iniciativa del INCE continuó mucho tiempo después, cuando en 1975 se creó la Fundación Educación Industria (Fundei), con base en una ponencia de Roberto Salas Capriles, presidente del entonces Consejo Venezolano de la Industria (Conindustria), titulada Educación e industrialización, presentada en 1972 durante la III Asamblea Nacional de Cámaras y Asociaciones Industriales de Venezuela. Entre 1964-1968 se dio la primera fase del proceso de sustitución de importaciones orientada fundamentalmente a bienes intermedios. De ese período destaca la creación, en 1964, de la Empresa de Electrificación del Caroní (Edelca) y la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). En 1968, 82% del consumo interno era abastecido por productores nacionales. Siendo todavía un país dependiente –como aún lo es hoy− de los ingresos petroleros, nadie discutía la importancia de la industrialización como motor para un desarrollo equilibrado del país, aun cuando ya en esa época surgieron críticas sobre mantener el proceso basado en la protección del mercado interno, especialmente por el avance gradual de la integración latinoamericana.

La persistencia de esas críticas que hablaban de la necesidad de avanzar el proceso a una nueva etapa llevó a los industriales a reorganizarse en otro gremio, específicamente manufacturero, y en febrero de 1970 surge el Consejo Venezolano de la Industria (Conindustria), siendo sus metas iniciales la creación de un programa de desarrollo para el sector y la presentación de propuestas para orientar la política económica del gobierno. A principios de los años setenta, conjuntamente con el ingreso de Venezuela al Pacto Andino en 1973, se dio inicio a una nueva etapa de desarrollo industrial y se adoptaron decisiones como un nuevo arancel de aduanas, un proyecto de Ley de incentivos a la exportación, otro del Fondo de Financiamiento a la Exportación, la promulgación de la Ley de mercado de capitales para favorecer la emisión de bonos y acciones de empresas privadas y la promulgación del decreto sobre normalización y control de calidad. Igualmente se dio la discusión sobre la importancia de la inversión extranjera que culminó con el establecimiento, en 1974, de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras. El sector industrial creció sostenidamente al punto que pasó de representar 10,8% del Producto Interno Bruto (PIB) total en 1958, a 11,0% en 1963; 11,9% en 1968; 13,2% en 1973; 15% en 1978. Para 1998 el sector manufacturero representaba 17,4% del PIB2 . No cabe duda de que esta fue la etapa más fácil de la llamada sustitución de importaciones. Habrían de venir épocas más duras. Como dijimos, ya a fines de los años sesenta era evidente que el modelo de desarrollo proteccionista debía revisarse y entramos en los años setenta con un auge en los precios petroleros y los ingresos del país por este concepto; se dio entonces un incremento enorme de la demanda que no pudo ser cubierta por la industria nacional, lo que llevó a un crecimiento significativo de las importaciones y la aparición de un fenómeno que nos acompaña hasta nuestros días: la inflación.

Comienza también entonces a extenderse otra de las plagas de nuestra economía: los controles y regulaciones de precios, y a intensificarse otro fenómeno que se ha maximizado y distorsionado en los últimos años: la fuerte inversión en empresas del Estado. Es cierto que se tomaron algunas medidas para favorecer a la industria privada, especialmente la automotriz, como la desconcentración industrial, exoneraciones de impuestos de importación y se intensificó el control de calidad. Pero también se invirtió fuertemente en las empresas del Estado: petroquímica, siderúrgica y aluminio, proceso que concluyó con la estatización del hierro y del petróleo a finales de la década, que marcaron una tendencia estatista de la que no se han podido librar los gobiernos venezolanos y la sociedad como conjunto.

La industrialización comenzó a frenarse desde 1977, y ya para esa época Conindustria señalaba algunas causas: falta de planificación coherente, la necesidad de reducir la intervención del Estado, la abundancia de divisas producto del petróleo, el escaso desarrollo tecnológico y la falta de mano de obra calificada. Al cierre de este periodo, a finales de los setenta, las exportaciones petroleras seguían representando 95% de los ingresos de divisas del país. Si bien un par de décadas más tarde, con el auge de los procesos de integración, las exportaciones distintas al petróleo pasaron a ser un factor importante en las estrategias y el discurso económico, hoy en día, treinta años más tarde, nos encontramos ante el mismo cuadro: las exportaciones petroleras siguen representando más del 95% de los ingresos en dólares del país. Los industriales, y el país en general, conocieron en la época de los ochenta el fenómeno del control cambiario en un país generador neto de divisas. Sin duda, al principio del ajuste cambiario se favoreció la dinámica del sector industrial por las mayores dificultades para importar, pero ese supuesto auge se revierte más tarde debido a los bajos niveles de inversión pública y privada, el deterioro del salario real, los problemas de financiamiento y los retrasos en la obtención de materias primas con los consiguientes alzas en costos de producción. Al debilitarse los precios del petróleo a partir de 1988 e intensificarse los problemas de las reservas internacionales, cuyos atisbos se vieron en 1983, se puso sobre el escenario el tema de la apertura económica impulsada por ideas de globalización, favorecida por políticas del Estado, y que como todo cambio profundo de reglas de juego en lo económico, trajo los desajustes en lo social y político que conocemos.

La apertura comercial y la incorporación del país de manera intensa a procesos de integración y organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), planteaban la necesidad de un programa de reconversión industrial que todavía hoy está pendiente en una buena parte de las industrias y empresas del país. En el período que se inició en 1999, Venezuela ha venido profundizado la ruta contraria a los cuarenta años anteriores, hacia la desindustrialización, pues el país ha crecido en estos años, fundamentalmente, por vía de los sectores no transables (comunicaciones, banca y seguros, comercio) en tanto que los sectores de generación de bienes y servicios (manufactura, construcción e incluso petróleo) han descendido en términos per cápita. El caso petrolero es quizás el más significativo, ya que su impacto económico se da a través de los precios y no por mayor producción. Sigue siendo el principal generador de las divisas del país, más del 95%, pero ha dejado de ser, como lo fue en el pasado, el motor que impulsa el crecimiento y desarrollo industrial. La posición de los industriales al respecto es bien conocida por todos y se concreta en lo que Conindustria ha denominado el cerco a la actividad privada, que no es solo una descripción de lo ocurrido y de sus resultados, sino un instrumento de análisis para sistematizar las leyes, políticas y prácticas que impiden o dificultan que el sector privado lleve a cabo su labor productiva.

Los resultados están a la vista. El ingreso petrolero en los últimos años ha sido casi 100% superior al de los cuarenta años previos −697 mil 510 millones de US$ entre 1999 y 2012 vs. 340 mil 980 millones entre 1958 y 1998− sin embargo, el país cuenta hoy con casi 40% menos industrias de la que tenía en 1999. Se han perdido más de 250 mil empleos industriales directos, bien remunerados. Se ha detenido la inversión privada e incluso la pública. Tenemos un proceso inflacionario desatado e incontrolable. Un ingreso per cápita en términos reales, como porcentaje del PIB, inferior al que teníamos en 1998. Tenemos un índice de escasez de más de 20% y un índice de diversidad de apenas 109%. Una deuda externa de 57% del PIB. Una brecha cambiaria que estimula las importaciones y hace poco competitivos los productos nacionales. En síntesis, un sector manufacturero limitado por la falta de divisas, los controles de precios y las amenazas de mayores inspecciones, sanciones y expropiaciones. De toda la descripción sucinta que hicimos de 55 años de historia industrial, nos interesaba rescatar dos elementos: aquel espíritu de iniciativa y emprendimiento de los pioneros industriales, de los padres de nuestra industria, y la idea del diálogo como factor fundamental del progreso. Pero no solamente esa actividad, la industrial, califica al país que queremos. Lo ocurrido en los 55 años referidos nos enseña varias lecciones importantes. La más importante, como decíamos, es la necesidad del diálogo, en todos los niveles, pero especialmente entre los sectores público y privado de la economía, porque donde no hay diálogo y concertación no hay progreso. Trabajo armónico entre el sector público y privado es la base para lograr el desarrollo sustentable y es el ejemplo que nos dan todos los países del tercer mundo. En Conindustria hemos iniciado una cruzada para un país sin ellos y nosotros. Se trata de ver qué visión común podemos tener entre los sectores público, privado, laboral y la sociedad civil. Donde todos nos pleguemos al diálogo para compartir objetivos y propuestas y generar un espacio ganar-ganar. Desde luego, cada quien lo hará desde sus valores y principios y, si se quiere, desde su posición ideológica. El Gobierno ha venido mostrando la suya en los últimos catorce años, la cual hemos criticado y nos hemos demostrado en franco desacuerdo. En lo conceptual no hay compatibilidad con un modelo marxista, comunista, el cual ha fracasado en todas partes en donde ha intentado implantarse por diversas vías. Pero estamos conscientes de que si necesitamos resultados, tendremos que aceptar posiciones pragmáticas y habrá que ver alternativas en donde se respete también el papel del sector privado en la generación de empleo y de riqueza para lograr el bienestar de la nación, y se respete el punto de vista empresarial sobre la sociedad, el desarrollo y el país.